Más de cien personas detenidas, relegadas y algunos expulsados del territorio nacional, ese fue el saldo de la situación de los derechos humanos en Chile, en el mes de marzo. Revista Solidaridad, 2ª quincena marzo 1981.

Díptico “Detenciones de personas menores de edad”. Editado por Vicaria de la Solidaridad/Arzobispado de Santiago. Instructivo de cómo proceder frente a la detención de un menor de edad.

Con dieciocho personas detenidas por servicios policiales o de seguridad, como la Central Nacional de Informaciones, inicia el año 1981. Revista Solidaridad enero 1981.

Cristián Cottet Villalobos, detenido por efectivos de seguridad y puesto a servicio de la Primera Fiscalia Militar. Se le acusa de participar en el intento de incendio de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, EMOS. La Segunda 06.05.1980.

Carabineros encontró una granada y fotos de ejecutivos bancarios cuando detuvo dos presuntos extremistas en el sector sur de Santiago. Un tercero logró huir. Posiblemente pertenecen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Diario La Época, 07.10.1994.

El documento analiza el daño en los menores producto del golpe de Estado y la dictadura militar, que produjo drásticos cambios en la vida social, familiar y personal, como son los casos de detención, desaparición, muerte, allanamiento, cesantía y otros casos. Se describe como estas situaciones alteran profundamente el sistema de vida y la imagen del mundo de los niños. También se señala algunos casos y ejemplos. Hay cuadros con estadísticas y datos.

El documento analiza el caso de siete personas que fueron detenidas por la CNI en Santiago en 1981 y acusados posteriormente por la Ley de Seguridad Interior del Estado. También se describe el efecto en sus familias, en lo económico, social y psicológico, con algunos testimonios de lo que significa el allanamiento para los niños o la detención de los padres.

El documento analiza la situación de los derechos humanos y la represión hacia noviembre de 1984. La imposición del Estado de Sitio que trae aparejado el allanamiento a poblaciones, detenciones masivas, acusaciones de terrorismo, miles de presos políticos, entre otras cosas. También se señala que hay cientos de relegados, muchos de ellos en Pisagua.
Se informa sobre las orientaciones principales de la represión, dirigida a los partidos y organizaciones políticas, de pobladores y con una extensión nacional. El objetivo de esta política es inhibir la acción pública y capacidad de movilización y que está aumentado la detención a dirigentes públicos. También aumenta la censura y allanamiento a sedes de organizaciones sociales, buscando inhibir la capacidad de información alternativa y los medios de oposición. A nivel internacional aumenta el rechazo a los métodos autoritarios y a nivel nacional se informa que se está coordinando la oposición políticos, de organizaciones como Alianza Democrática, Movimiento Democrático Popular, Comando Nacional de Trabajadores y otras organizaciones con la formación de “mesas de concertación” y otras instancias. Por último se indica el rol de los tribunales de justicia y de la Iglesia como un elemento clave en la denuncia a la represión.