Ministro en visita subrrogante Enrique Silva Segura, quien se encuentra remplazando a Víctor Hernández Rioseco, informó que se encuentran avanzadas las investigaciones para esclarecer el asesinato del prefecto héctor Sarmiento. La Nación, 26.10.1991

Se informa de la reconstitución de escena del asalto a supermercado de la comuna de Recoleta ocurrido el 28 de 1990, llevado a cabo por miembros del Movimiento Juvenil Lautaro. Durante el asalto resultó herido un carabinero, y al parecer un asaltante muerto cuyo cuerpo apareció el día siguiente en inmediaciones del hospital J. J. Aguirre. El Mercurio, 14.08.1991

Se informa que Jaime Celis y Patricio Gallardo, miembros del Mapu-Lautaro, fueron traslados vía aérea desde Santiago, luego de haber sido solicitados por el Fical Militar Sergio Cea en la investigación por el rescate de Marco Ariel Antonioletti, mientras que en Concepción están procesados por el asesinato del prefecto Héctor Sarmiento. La Época, 29.08.1991

Se informa que ministro en visita Víctor Hernández confirmó que declaratoria de reo contra Jaime Celis y Patricio Gallardo siguen en pie, acusados del asesinato de prefecto Héctor Sarmiento. El Mercurio, 26.09.1991

se informa que ministro de corte Enrique Silva Segura, presidente de la Asociación de Nacional de Magistrados, asumirá la investigación del crimen del prefecto Héctor Sarmiento, en remplazo de Víctor Hernández Rioseco quien saldrá de vacaciones. La Nación, 25.10.1991

Se informa que Corte Marcial rechazó hábeas corpus en favor de Jaime Pinto, Jaime Celis, Patricio Gallardo, Julio Prado, Patricia Martínez y Magdalena Gallardo. El Mercurio, 10.08.1991

Se informa que Juez de la Tercera Fiscalía Militar, mayor Aníbal Frías, sometió a proceso por el caso de asalto a supermercado Egas a cuatro presuntos lautaristas. El Mercurio, 08.09.1991

Francisco Cumplido, Ministro de Justicia, afirma que se ha dispuesto investigaciones con respecto a acusaciones de torturas dentro de la carcel de Concepción de parte de detenidos del Movimiento Juvenil Lautaro. Sus familiares acusan tácticas similares a las de la DINA y CNI. Prefecto Rigoberto Ortiz desmintió acusaciones. La Nación, 08.08.1991