11 presos políticos de la Cárcel de Alta Seguridad se encuentran con sus visitas suspendidas por un espacio de 30 días. Según los propios presos, este castigo responde a su protesta por el incumplimiento de un conjunto de acuerdos acordados con Gendarmería tras diversas movilizaciones. Diario El Siglo, 24.08.1994.
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)
El documento informa sobre hechos represivos sucedidos el 13 y 14 de noviembre, con detenciones, allanamientos y otras situaciones contra estudiantes, pobladores, sindicalistas y dirigentes políticos.
Se informa que dos adultos y un menor quedaron a disposición de la Justicia Militar acusados del asesinato del cabo Julio Pavez Ortiz. El Mercurio, 25.07.1989
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Durante la mañana del 23 de octubre se trasladaron 19 presos políticos desde la Cárcel de San Miguel y 18 desde la Penitenciaría a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Entre los presos figuran miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Mapu-Lautaro. Según Claudio Martínez, Director de Gendarmería, era necesario agrupar a todos los presos en un solo recinto de seguridad especialmente diseñado, y el traslado ocurrió con profesionalismo. La Agrupación de Familiares de Presos Políticos, sin embargo, denunció que el traslado fue arbitrario, que hubo 12 heridos y que Gendarmería violó los derechos legales de los presos. Diario El Mercurio, 24.10.1994.
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Se informa que Juez de la Tercera Fiscalía Militar, mayor Aníbal Frías, sometió a proceso por el caso de asalto a supermercado Egas a cuatro presuntos lautaristas. El Mercurio, 08.09.1991
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Declaración pública que informa que en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) los presos denuncian malos tratos e irregularidades por parte del personal Antimotines de Gendarmería (GEAM), operación al mando de Orlando Epullanca
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Declaración publica de la coordinadora nacional de presos políticos denunciando los últimos hechos ocurridos en Chile. Se pronuncian por la muerte de Carlos Godoy Echegoyen, la represión de la DICOMCAR, nuevos montajes televisivos.
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A mediados de 1987 habrá sentencia en caso Urzúa. Solo a mediados del próximo año se conocerá la pena que recibirán los tres miristas y las dos mujeres procesadas por la Ley Antiterrorita.
Familiares de los presos políticos de la Cárcel de Alta Seguridad denunciaron que 15 de los presos se encuentran castigados, sin visitas de sus familiares, por su negativa de concurrir a declarar ante Tribunales donde están siendo juzgados. La negativa obedecería al supuesto incumplimiento de acuerdos que existen entre las autoridades del penal y los reos. Claudio Martínez, Director de Gendarmería, ha negado la existencia de algún tipo de acuerdo con los reos. Diario El Mercurio, 04.09.1994.
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