El 20 de febrero de 1994 se efectuó el traslado de 48 presos políticos desde el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, nombre oficial para de la ex Penitenciaría y desde la Cárcel de San Miguel, a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Según Gendarmería, la CAS cuenta con mejores condiciones carcelarias y mejores medidas de seguridad. Los presos de la Cárcel de San Miguel se opusieron y se produjo un enfrentamiento con funcionarios de la cárcel, dejando varios lesionados. Durante un posterior allanamiento del lugar, Gendarmería encontró armas, un celular y explosivos. Diario El Mercurio, 27.02.1994.

Familiares de los presos políticos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) denuncian que siete de los presos se encuentran recluidos en celdas de castigo, con normas más drásticos que los demás presos. Diario El Siglo, 13.04.1994.

A pesar de haber dejado su huelga de hambre, los presos políticos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) manifestaron que no aceptan las modificaciones de los regímenes de visitas e interno ofrecidas por Gendarmería. Los familiares de los presos manifiestan su desconfianza para con los resultados del informe entregado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados posterior a su visita a la cárcel. Diario La Nación, 12.04.1994.

El Director Nacional de Gendarmería entrega datos y antecedentes acerca de las condiciones carcelarias en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) que la mayor parte de la opinión pública ignoraría. Según el Director, el reglamento interno de la CAS, al contrario de lo que se sostiene, no transgrediría las disposiciones del Reglamento General de Establecimientos Penitenciarios inspirado en las Reglas Mínimas de Tratamiento del Recluso de las Naciones Unidas. Diario El Mercurio, 26.03.1994.

Los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Sergio Ojeda (Presidente), Jaime Naranjo y Andrés Aylwin, quienes visitaron por segunda vez la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), se manifestaron "decepcionados" ya que no ha habido avances respecto al régimen interno y de visitas en el recinto penitenciario. Aseguraron que la Comisión será intransigente en lograr la humanización de esta cárcel donde se encuentran recluidos un centenar de presos subversivos. Diario La Época, 03.05.1994.

Sergio Buschmann, líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, procesado por el ingreso clandestino de armas a través de Carrizal Bajo, fue castigado con 30 días sin visitar por negarse a concurrir hasta la 2a Fiscalía Militar, cuyo titular, el fiscal Sergio Cea, fue quien dispuso su encarcelamiento en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Su abogado Hugo Gutiérrez informó que la negación de su cliente fue en solidaridad con los demás presos políticos del recinto. Diario El Mercurio, 26.08.1994.

Los familiares de los reos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) declararon que seguirán movilizadas en protesta a la suspensión de visitas. Anunciaron que interpondrán una acción legal contra los responsables del desalojo que habría sido violento y con uso de gases lacrimógenos. Diario El Mercurio, 07.11.94.

La Agrupación de Familiares de Presos Políticos denunció el maltrato recibido a raíz de sus protestas por el nuevo régimen interno y de visitas en la Cárcel de Alta Seguridad. El desalojo de Ministerio de Justicia por ejemplo, ordenado por el Director Nacional de Gendarmería Claudio Martínez, habría resultado en 23 personas heridas y trasladas a la Posta N° 3 del Hospital San Juan de Díos. Diario El Siglo, 07.11.94.

Las presas y presos políticos de la Cárcel de San Miguel señalaron que su decisión de no ir a Tribunales y Fiscalías Militares en penales donde existan presos políticos tiene carácter indefinido y se debe al "incumplimiento de Gendarmería sobre acuerdos tomados relativos a los derechos básicos de todos los prisioneros políticos". Condenan además el maltrato sufrido por parte del personal de dicho recinto, encabezado por el capitán Alvarado, la teniente Fonseca y el cabo Rodríguez. Diario El Siglo, 15.09.1994.

Tras una visita a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), cuyo fin fue evaluar si en el recinto se respetan o no los derechos humanos de los presos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados constató la existencia de situaciones "no convenientes", entre las cuales se cuentan aspectos relacionados con las visitas a los reclusos. Diario El Mercurio, 29.03.1994.