El documento analiza la situación de los derechos humanos y la represión hacia noviembre de 1984. La imposición del Estado de Sitio que trae aparejado el allanamiento a poblaciones, detenciones masivas, acusaciones de terrorismo, miles de presos políticos, entre otras cosas. También se señala que hay cientos de relegados, muchos de ellos en Pisagua.
Se informa sobre las orientaciones principales de la represión, dirigida a los partidos y organizaciones políticas, de pobladores y con una extensión nacional. El objetivo de esta política es inhibir la acción pública y capacidad de movilización y que está aumentado la detención a dirigentes públicos. También aumenta la censura y allanamiento a sedes de organizaciones sociales, buscando inhibir la capacidad de información alternativa y los medios de oposición. A nivel internacional aumenta el rechazo a los métodos autoritarios y a nivel nacional se informa que se está coordinando la oposición políticos, de organizaciones como Alianza Democrática, Movimiento Democrático Popular, Comando Nacional de Trabajadores y otras organizaciones con la formación de “mesas de concertación” y otras instancias. Por último se indica el rol de los tribunales de justicia y de la Iglesia como un elemento clave en la denuncia a la represión.

El informe analiza la situación de derechos humanos y sociales de distintas ciudades del país entre ellas Iquique, Calama, Antofagasta, Valparaíso, Chiloé, Rancagua y otras ciudades del sur. Se habla sobre temas de relegación, detenidos, represión en universidades, movilizaciones como el 8 de marzo y otras.
También se comenta sobre la muerte de Monseño Carlos Arnulfo Romero en El Salvador, sobre la formación de la Agrupación de Familiares de Relegados y detenidos, Agrupación Cultural de Valparaíso, Comité de Defensa de los Derechos Juveniles y otras informaciones. Se relatan hechos de represión como amenazas de muerte, detenciones, tortura, despidos masivos, etc.